En 1948, la recién fundada Naciones Unidas, la mayor organización internacional existente, aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un documento que contenía implícitamente los derechos del niño, aunque sin concederles toda la relevancia que se merecen. Poco más de una década después, en 1959, la Asamblea General de la ONU, consciente de la importancia que había que otorgarle a la normativa infantil, aprobó una Declaración de los Derechos del Niño que explicitaba, a lo largo de 10 principios, los derechos contemplados en la Declaración de 1948.

Poco después, la ONU determinó que fuera el Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para los niños (UNICEF) el organismo encargado de la protección de los menores. Desde entonces se ha empleado a fondo para proteger jurídicamente a la infancia, y fruto de sus debates nació, el 20 de noviembre de 1989, la Convención sobre los Derechos del Niño.

Desde que se aprobara el documento en la Asamblea General de las Naciones Unidas han ido poco a poco ratificándolo los diferentes países de los cinco continentes. En la actualidad son 191 los países que han ratificado la Convención. A lo largo y ancho del mundo, todos los países se han dado cuenta de que es sumamente importante proteger al colectivo más inocente de la sociedad.

Los niños, valga la redundancia, son niños, y hay que cuidarles y protegerles hasta que cumplen los 18 años y se convierten en adultos. Así, los niños y niñas son sujetos de sus derechos, pero es tarea de los adultos velar por su cumplimiento.